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Control de Convencionalidad

¿Qué es el control de convencionalidad?

Al hablar de un control de convencionalidad debemos tener en claro que es un mecanismo que debe llevarse a cabo por los jueces y demás autoridades del país, mediante la comparación entre el derecho mexicano y el internacional, con la finalidad de aplicar los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a un caso en concreto, favoreciendo los derechos fundamentales de los particulares.

Este mecanismo debe aplicarse cuando las normas internas no son suficientes para proteger dichos derechos fundamentales; este control tiene sus antecedentes en el Caso Almonacid Arellano vs Chile, en el cual se dictó sentencia, de la cual se  desprende lo siguiente:

La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. (Subrayado añadido).”

La expansión de dicho concepto está destinada a garantizar la eficiencia y respeto a los tratados internacionales y garantía de los derechos de los particulares en los casos en que las leyes nacionales sean contrarias a los tratados internacionales, o brindan una menor protección a los derechos fundamentales de los particulares.

¿Deberá hacerse dicho control de oficio?

Se ha discutido si el control de convencionalidad debe llevarse a cabo a pedido de parte o de oficio. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Almonacid Arellano y otros, manifestó la Corte, “que los órganos del poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucional, sino también de convencionalidad” “ex officio entre las normas locales y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes” (Reflexiones sobre el futuro del sistema interamericano de derechos humanos).

El concepto de control de convencionalidad es híbrido, puesto que combina los elementos de derecho constitucional con los del Derecho Internacional. De acuerdo al Dr. Miguel Carbonell “el control de convencionalidad debe entenderse como una herramienta que permite a los jueces contrastar las normas generales internas frente a las normas del sistema convencional internacional”. Lo anterior significa que los jueces nacionales deben de desarrollar (de oficio), razonamientos que ayuden a la aplicación más amplia y el mayor respeto a todas aquellas obligaciones contenidas en los tratados internacionales.

¿Quiénes pueden ejercitar este control?

No solo los tribunales internacionales tienen la facultad de aplicar el control de convencionalidad, también los jueces locales la tienen, quienes previamente deben y pueden ejercitar esa facultad, en el entendido que debe realizarse antes que el asunto recaiga en instancias internacionales.

La consecuencia de la aplicación del control de convencionalidad en instancias internacionales, y en donde se advierta que haya existido una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado demandado tiene la obligación de adaptar y en su caso modificar el derecho interno, incluyendo la Carta Magna, y deberá ajustarse a las medidas ejecutorias que se apliquen.

En el ámbito internacional las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son:

·         Obligatorias: aquellas sentencias dictadas en contra de un Estado parte;

·         Orientativas: las Jurisprudencias de la Corte Interamericana.

La aplicación del control de convencionalidad tiene un carácter difuso, ya que cada uno de los jueces locales, así como las demás autoridades del Estado Mexicano, pueden y deben realizarlo constantemente, sin perjuicio de la intervención de la Corte Interamericana, cuando el asunto llegue a esa instancia.

En consecuencia, no sólo el Poder Judicial debe de cumplir con las disposiciones del derecho internacional, sino también el Ejecutivo y Legislativo, tanto en el orden nacional como, Estatal o local, bajo el apercibimiento de generar responsabilidad internacional para el Estado Mexicano.

Se debe ser hincapié que tanto los jueces nacionales como los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deben buscar la compatibilidad entre las normas locales y los instrumentos internacionales a los que el país en comento sea parte e integren el corpus iuris convencional de los derechos humanos.

En conclusión, la aplicación del control de convencionalidad, beneficia al individuo ya que su protección no solamente consagrada en el ámbito nacional, sino que se ampliará al ámbito internacional, para tener un mayor beneficio y evitar de esta manera que se violenten sus derechos humanos.

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