lawyer-03

La Suprema Corte de Justicia avala el sistema de contabilidad electrónica

En días pasados, el Tribunal más alto del país dictó la primera sentencia en la cual resolvió una gran parte de los argumentos que fueron formulados para demostrar la inconstitucionalidad de las disposiciones relativas  a la contabilidad electrónica, el buzón tributario y la revisión electrónica, normas que entraron en vigor junto con la Reforma Fiscal de 2014.

La Suprema Corte desestimó la gran mayoría de los agravios de inconstitucionalidad presentados, y solamente concedió amparo respecto de dos pequeños aspectos controvertidos; en resumen, determinó lo siguiente:

·         El buzón tributario no viola el derecho fundamental a la seguridad jurídica, puesto que representa un nuevo canal de comunicación entre la autoridad fiscal y los contribuyentes, dotado de medios para corroborar su autenticidad y correcto funcionamiento.

·         Las obligaciones de llevar contabilidad en medios electrónicos y de entregarla mensualmente a la autoridad fiscal sin que medie requerimiento alguno, no generan per se un acto de fiscalización permanente, sino que solamente se pone al alcance de la exactora información susceptible de generar algún acto de revisión en el futuro, pero sería hasta ese entonces que se debieran cumplir los requisitos formales que establece la Constitución (precisar el objeto de la revisión, el tipo de contribución, el periodo, etc.).

·         Las diversas reglas contenidas en la Resolución Miscelánea Fiscal no infringen los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica,  puesto que las bases de esas reglas se encuentran contenidas en el Código Fiscal de la Federación, y no existe disposición constitucional que obligue al legislador a pormenorizar los lineamientos prácticos de aplicación de la ley, y es por ello que la autoridad fiscal está habilitada para hacerlo a través de las reglas de carácter general.

·         El hecho de que la contabilidad para efectos fiscales está sujeta a otras reglas que la contabilidad para efectos comerciales (Código de Comercio) y financieros (Normas de Información Financiera) no induce al gobernado a realizar una conducta delictiva, puesto que el delito de llevar doble contabilidad se actualiza cuando se llevan dos registros de una misma contabilidad,  con diferente contenido,  no cuando se lleva un sistema de contabilidad para efectos fiscales y otro para efectos operativos y administrativos del mismo contribuyente.

·         La entrega en forma permanente e indefinida de información financiera del contribuyente no viola el derecho fundamental a la privacidad, pues dicha obligación está relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales, no así con aspectos confidenciales o de la vida privada de las personas.

·         El principio de autodeterminación de las contribuciones no es un derecho en favor del contribuyente, sino una modalidad relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, cuya atención supervisa la autoridad fiscal, y por ello, el cumplimiento de las obligaciones fiscales no queda a la voluntad del contribuyente.

·         La carga económica impuesta a los contribuyentes para adquirir sistemas y contratar personal a fin de cumplir con los requisitos del nuevo sistema de contabilidad electrónica no limita la libertad de trabajo, pues los contribuyentes se pueden dedicar a cualquier actividad económica que mejor les acomode, debiendo cumplir con la nueva normatividad en virtud de la manifestación de riqueza que les obliga a sustentar las cargas públicas, pues la Constitución no establece que el cumplimiento de obligaciones fiscales no deba ocasionar gastos al contribuyente ni que el Estado deba poner a su disposición los medios para cumplir, además el contribuyente se beneficiado por el nuevo sistema que se traduce en un ahorro de tiempos y trámites en comparación con el sistema tradicional.

·         La Suprema Corte justificó su desafortunada determinación, argumentando que en materia tributaria, la intensidad del escrutinio constitucional no es de carácter estricto, sino flexible o laxo, por lo que el legislador cuenta con amplia libertad en la configuración normativa del sistema tributario y las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores y la intensidad de su control se ve limitada, por lo que si el legislador tiene una finalidad constitucionalmente valida, como lo es el comprobar el cumplimiento del deber de contribuir al gasto público, entonces el juez de amparo debe validar la norma que cumple con esa finalidad.

·         Se concedió el amparo respecto del Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal que establece los requisitos que deben contener los archivos XML que contengan la contabilidad electrónica, por remitir a características contenidas en una página de Internet redactada en el idioma inglés, hasta en tanto dicha página no cuente con una versión en español, pues se estimó contrario al derechos fundamental de seguridad jurídica el hecho de tener que cumplir con requisitos redactados en un idioma extranjero.

Queda la interrogante si el amparo respecto de dicho anexo es suficiente para no tener que presentar la información contable a la autoridad fiscal, o bien se debe de presentar en cualquier otro formato, no necesariamente XML. Además el amparo solamente abarca el periodo en el cual la página de referencia no se encuentre traducida al español, por lo que su relevancia práctica es mínima.

·         Respecto de la nueva facultad de comprobación denominada revisión electrónica, la Suprema Corte estimó que es un procedimiento fiscalizador similar a la revisión de gabinete, puesto que atendiendo a los avances tecnológicos, el concepto de domicilio no se extiende a los archivos electrónicos en lo que se contiene la contabilidad, y por ende, no gozan éstos de la misma protección constitucional.

La facultad conferida a la autoridad hacendaria para revisar la información y documentación relacionada con el cumplimiento de obligaciones fiscales de los contribuyentes que obra en su poder, sin tener que dar noticia de ello a los sujetos revisados, no es violatoria del derecho de seguridad jurídica, dado que tal  proceder no afecta derecho alguno de los contribuyentes ni provisional ni precautoriamente, sino sólo cuando se advierte una irregularidad y se emite la resolución provisional.

La revisión electrónica inicia con la notificación de la resolución provisional y concluye con la notificación de la resolución definitiva, habida cuenta que en la provisional se le dan a conocer al contribuyente los hechos u omisiones que presumiblemente entrañan el incumplimiento de obligaciones fiscales y, en su caso, la preliquidación de las contribuciones omitidas, lo que implica la precisión de los rubros o conceptos específicos que serán objeto de revisión.

·         A pesar de haber validado la revisión electrónica como facultad de comprobación, el Tribunal Supremo concedió el amparo respecto del segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, que establece que las cantidades determinadas en la preliquidación  se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución, cuando el contribuyente no aporte pruebas ni manifieste lo que a su derecho convenga dentro del plazo de 15 días posteriores a la notificación de la resolución provisional.

La Suprema Corte consideró dicho fundamento violatorio al derecho de audiencia, y concedió el amparo para efectos de que si la quejosa no llegare a aportar pruebas ni hacer manifestaciones dentro del plazo antes señalado, que es posterior a la notificación de la preliquidación, tenga el derecho a que se le dicte y notifique una resolución definitiva, antes de proceder con la ejecución del crédito fiscal.

Es un logro muy pequeño en comparación con todo un sistema que fue validado por la Corte, pues su beneficio se limita a supuestos aislados en los cuales un contribuyente no ejerce su defensa en contra de la resolución provisional, y se le brinda la oportunidad de notificársele una resolución definitiva e impugnable, ante de iniciar en su contra el procedimiento administrativo de ejecución.

Lo anterior, en pocas palabras significa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el sistema de contabilidad electrónica, el buzón tributario y la revisión electrónica, pues los consideró constitucionales a pesar de miles y miles de amparos promovidos en el país y de una gran variedad de argumentos de constitucionalidad y falló en favor del Fisco Federal, con justificaciones de supuestas simplicidad, practicidad y con motivo de necesidades recaudatorias, argumentos que anteriormente la propia Corte había considerado insuficientes para sustentar normas fiscales violatorias de derechos fundamentales.

Si bien la sentencia explicada es un caso aislado, que no resuelve la totalidad de los amparos del país, mismos que siguen su curso ante los Juzgados Auxiliares en la Ciudad de México, nos da una clara idea de la manera en la cual serán dictados los fallos en los demás amparos, por lo que es importante que los contribuyentes amparados se vayan preparando para entregar la información contable que se haya omitido entregar al amparo de las suspensiones provisional y definitiva dictadas en cada caso particular.

Mientras no se levanten las suspensiones antes mencionadas, los contribuyentes que están en proceso de amparo no tienen por el momento la obligación de entregar la contabilidad ante la autoridad fiscal y siguen protegidos de las notificaciones por buzón tributario, sin embargo es cuestión de tiempo hasta que se revoquen las suspensiones o bien se dicten sentencias en el sentido que ya marcó la Suprema Corte. Una vez que ello ocurra, la autoridad fiscal estará en posibilidades de requerir la información contable omitida y de imponer sanciones por incumplimiento de esa obligación formal.

  Prohibida la reproducción parcial o total. Todos los derechos reservados. Kim Quezada y Asociados, S.C. El contenido del presente artículo no constituye una consulta particular y por lo tanto Kim Quezada y Asociados, S.C., sus miembros y/o sus autores, no asumen responsabilidad alguna de la interpretación o aplicación que el usuario le pueda dar. Este Blog no constituye una plataforma de consulta para los usuarios del mismo, por lo que, cualquier persona es libre de reflejar su opinión.



Lic y M.D. Vladia Mucenic Lic y M.D. Vladia Mucenic

Socia del Área de Legal, Licenciatura en Derecho egresada de la Universidad de Bucharest, Rumania. Maestría en Derecho Corporativo Internacional en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Impuestos en el Instituto de Especialización para Ejecutivos


Comentarios