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Garantías del Interés Fiscal

Cuando el contribuyente tiene a su cargo un crédito fiscal determinado por la autoridad mediante una resolución que pone fin a algún procedimiento de revisión (visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica, etc.), éste tiene a su disposición dos opciones viables: pagar el crédito fiscal y sus accesorios o impugnarlo a través de los medios legales de defensa, y en este último caso, eventualmente debe garantizar el interés fiscal a satisfacción de la autoridad fiscal, caso contrario estará sujeto a un procedimiento de cobro coactivo, denominado procedimiento administrativo de ejecución.

Los medios de defensa en contra de los créditos fiscales son esencialmente dos, que pueden ejercerse a elección del contribuyente: recurso de revocación ante la propia autoridad fiscal o juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Si el contribuyente opta por el recurso de revocación, durante el citado procedimiento, se suspende el procedimiento administrativo de ejecución sin necesidad de presentar garantía del interés fiscal, pero si el resultado del recurso es desfavorable, es decir que se confirma la resolución determinante de crédito fiscal, el contribuyente tiene un lapso de tan solo 10 días hábiles para garantizar el interés fiscal. Caso contrario, si se elige la vía del juicio contencioso administrativo, se cuenta con un plazo de 30 días hábiles para garantizar el interés fiscal y obtener la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución.

De conformidad con el Artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes podrán garantizar el interés  fiscal en alguna de las formas siguientes:

1. Depósito en dinero, carta de crédito u otras formas de garantía financiera equivalentes que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general. El documento (billete de depósito, carta de crédito, etc.) se deposita ante la autoridad fiscalizadora y se devuelve una vez concluido el juicio mediante sentencia favorable definitiva.

2.  Prenda sobre bienes muebles o hipoteca sobre bienes inmuebles. Los bienes otorgados en garantía pueden ser propiedad del contribuyente o de un tercero, deben estar libres de gravamen y en el caso de los bienes muebles de origen extranjero, deben encontrarse importados de manera definitiva. El 75% del valor de los bienes otorgados en garantía debe cubrir el crédito fiscal y sus accesorios por todo el tiempo que dure el juicio, y para determinar dicho valor se debe practicar avalúo por perito autorizado (por ejemplo, corredor público) o bien por la propia autoridad fiscal.

3.   Fianza otorgada por institución autorizada, la que  no gozará de los beneficios de orden y excusión. Normalmente, las afianzadoras requieren que el contribuyente otorgue una garantía inmobiliaria que respalde la fianza, pudiendo ser ésta del propio contribuyente o de un tercero, y además exigen información financiera actualizada, entre otros requisitos.

4.  Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia; dicho tercero normalmente es uno de los accionistas o socios del contribuyente persona moral.

5.   Embargo en la vía administrativa de la negociación. Para la aceptación de esta garantía, se requiere contar con un avalúo de la negociación en los mismos términos que para la prenda o hipoteca, certificado de libertad de gravámenes y el listado de bienes que contiene la negociación, entre otros requisitos.

6.   Títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente, en caso de que se demuestre la imposibilidad de garantizar la totalidad del crédito mediante cualquiera de las opciones anteriores, los cuales se aceptarán al valor que discrecionalmente fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En la práctica, los medios más seguros de garantía, que la autoridad fiscal acepta con mayor facilidad, son el billete de depósito y la fianza, por ser garantías de mayor liquidez en caso de cobro, y éstos aseguran de manera casi inmediata la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución.

No obstante, muchos contribuyentes prefieren el embargo en la vía administrativa de la negociación, porque no requieren incurrir en el costo de la fianza, no necesitan inmovilizar un bien, sino que ofrecen el negocio en su totalidad en garantía. La autoridad fiscal acostumbra exigir diversos requerimientos, a veces excesivos, ya que esta garantía no es de su preferencia, por ser más cómoda para el contribuyente y menos segura para el fisco, puesto que el negocio sigue funcionando y es posible que al momento de tratar la autoridad de cobrar el crédito fiscal, la empresa no tenga la liquidez suficiente.

Las garantías del interés fiscal se deben actualizar cada año, puesto que el monto del crédito fiscal incrementa con motivo de las actualización y recargos que siguen acumulándose durante el juicio, por lo tanto, es importante que tenga presente que la garantía que elija al principio del juicio sea suficiente para toda la duración del mismo (en promedio para un juicio ordinario 2 a 3 años), caso contrario, se verá obligado a otorgar una garantía adicional.

Una vez concluido satisfactoriamente el juicio de manera definitiva, es decir al decretarse la nulidad lisa y llana del crédito fiscal y sus accesorios, la autoridad fiscal debe devolver al contribuyente la garantía ofrecida, de lo contrario éste tiene derecho a ocurrir en queja ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por incumplimiento de sentencia.

Recomendamos que una vez que se le determine un crédito fiscal, valore en conjunto con sus asesores fiscalistas, no solamente las opciones de defensa, sino también las diferentes garantías del interés fiscal, para evitar que transcurra el tiempo y la autoridad embargue bienes o cuentas bancarias del contribuyente, obteniendo la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución que se logra al ofrecer garantía del interés fiscal en términos de las disposiciones aplicables.

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Lic y M.D. Vladia Mucenic Lic y M.D. Vladia Mucenic

Socia del Área de Legal, Licenciatura en Derecho egresada de la Universidad de Bucharest, Rumania. Maestría en Derecho Corporativo Internacional en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Impuestos en el Instituto de Especialización para Ejecutivos


Comentarios
  • DUDA_IVA

    Buenos días, primero que nada agradecer el tiempo que se dan para responder dudas. Actualmente soy persona moral formamos una sociedad y soy la representante legal, pero me surgió un trabajo por fuera que no pienso canalizar por la sociedad, este trabajo es para una compañía de Estados Unidos, quiero saber si en la factura que le emita le tengo que cobrar IVA?, soy mexicana y trabajo desde México, es de desarrollo de software.

    • Elias Quezada

      Si la facturas personalmente (como persona fisica), y tu cliente está domiciliado en el extranjero y el pago viene desde ese país, lo puedes considerar como un servicio personal independiente, que se aprovecha en el extranjero, sujeto a la tasa del 0%. Por ahi tenemos otro boletin que habla sobre este tema.

  • Carlos

    Algunos abogados ya no recomiendan utilizar el Recurso de Revocación porque no trae beneficios concretos a los clientes, cuál es su opinión al respecto Lic. Mucenic?
    Saludos al equipo Kim Quezada.