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Nuevo “requisito” de los comprobantes fiscales: la “materialización”

En los últimos años, el Servicio de Administración Tributaria ha estado imponiendo a los contribuyentes un nuevo requisito para las deducciones del Impuesto Sobre la Renta y para el acreditamiento del Impuesto al Valor Agregado, el cual no se encuentra contemplado expresamente en ninguna norma legal, reglamentaria o disposición de carácter general: demostrar la materialización de las operaciones consignadas en los comprobantes fiscales.

Esa creación se inspiró en el articulo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que es aplicable a un grupo limitado de contribuyentes, que la autoridad fiscal presume que no cuentan con activos, personal o infraestructura para prestar servicios o para vender bienes, y por ello, los publica en un listado que provoca que se consideren inexistentes para efectos fiscales las operaciones realizadas por dichos contribuyentes. Lo anterior, provoca que pierdan efectos fiscales los comprobantes emitidos por dichos contribuyentes, a menos que demuestren que efectivamente recibieron los bienes y los servicios consignados en dichos comprobantes.

Dicho fundamento inspiró a la autoridad fiscal a requerir en todos los casos, y no solamente cuando se tratare de comprobantes fiscales emitidos por contribuyentes ubicados en las “listas negras”, que se demuestre la materialización de las operaciones amparadas por comprobantes fiscales que la fiscalizadora elige a su arbitrario criterio del universo de facturas exhibidas por el contribuyente.

Una vez que aparece en actas de visita domiciliaria o requerimientos la palabra “materialización”, el contribuyente está casi “condenado” a enfrentar un crédito fiscal, puesto que al no existir dicha figura en la legislación, no existen tampoco reglas que definan cómo se debe demostrar que efectivamente se materializaron las operaciones realizadas.

Lo anterior abre la puerta a la arbitrariedad de los funcionarios hacendarios, que ya no se satisfacen con facturas, contratos, comprobantes de pago y registros contables, sino que exigen a los contribuyentes que contesten interminables cuestionarios respecto de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la prestación de servicios, que se convierte en una “probatio diabolica”, pues no existe ninguna obligación legal que exija a los particulares conservar bitácoras detalladas por fechas, horas y personas que prestaron los servicios, aunado a que en la mayoría de los casos, quienes prestan servicios son las empresas, y no le corresponde al cliente llevar el control preciso de las actividades que realiza el personal de sus proveedores.

Por lo tanto, hoy en día ya no es suficiente cumplir con los requisitos formales de las deducciones, ni demostrar su estricta indispensabilidad, sino que los contribuyentes tienen una carga probatoria sumamente compleja, de demostrar ante una autoridad auto-empoderada de una tremenda herramienta fiscalizadora fuera de la ley, que las operaciones realizadas con sus proveedores años atrás, efectivamente existieron.

El fantasma de la “materialización” persigue también operaciones que no son objeto de fiscalización y por las cuales no se deben pagar contribuciones, siendo el ejemplo más recurrente los préstamos, en donde la autoridad suele aferrarse a considerarlos como ingresos omitidos, a pesar de contar con contratos y comprobantes de pagos que lo acrediten, argumentando que no hay certeza de si se trate del mismo dinero a que se refieren dichas probanzas, lo cual hace imposible y parece hasta prohibir una operación tan recurrente en el comercio actual, con tal de recaudar mucho mas allá de sus facultades legales y constitucionales.

Ante tal situación “de facto”, que no parece tener límites ni fin, los contribuyentes deben ser cada vez mas cuidadosos con el soporte material de sus operaciones y tratar de conservar toda la documentación que acredita su realización, misma que desde luego tiene que ser la tradicional, es decir, registros contables, comprobantes fiscales, contratos, comprobantes de pago, pero además todos los demás elementos y documentos que puedan demostrar en caso de una controversia, que los servicios se prestaron o los bienes se entregaron.

Ello no significa que se tengan que “fabricar” pruebas que no existen en la vida real, ni pedir a los proveedores bitácoras detalladas por persona, día y hora, de las actividades realizadas, porque ello seria una carga administrativa desmesurada, que no fue impuesta por el legislador, pero sí conservar informes de servicios, memorándums de conclusión de servicios, diseños, dibujos, reportes, presentaciones, comunicaciones electrónicas, actas de entrega de mercancías, y cualquier documento o prueba que representen- en su caso – el resultado de los servicios u operaciones realizadas.

Dichas probanzas, por más complejas que sean, tal vez sean insuficiente para “convencer” a los auditores aferrados a determinar créditos fiscales, pero seguramente serán muy importantes en caso de un juicio contencioso administrativo, en el cual, un tribunal independiente valorará si ese cúmulo de pruebas es suficiente para desvirtuar la caprichosa presunción de la autoridad.

Es importante entonces reaccionar ante las nuevas formas de fiscalización y darle mayor importancia a la defensa fiscal preventiva, que es una labor que deben realizar sus abogados, contadores y encargados de las diversas áreas de su empresa, para estar preparados con pruebas abundantes para demostrar de manera contundente la materialización de las operaciones realizadas con sus proveedores, prestando mayor atención, por supuesto, a las operaciones más cuantiosas, que podrían ser “atractivas” para la autoridad, y que pudieran causar un mayor impacto económico en caso de un crédito fiscal.

Nuestros abogados están a su servicio para apoyarles tanto en la labor preventiva, a través de nuestra área corporativa, como en la asesoría durante los procedimientos de fiscalización y posteriormente a ello, mediante la defensa contenciosa en todas sus etapas, y contamos con amplia experiencia y casos de éxito que ponemos en todo momento a disposición de nuestros clientes.

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Lic y M.D. Vladia Mucenic Lic y M.D. Vladia Mucenic

Socia del Área de Legal, Licenciatura en Derecho egresada de la Universidad de Bucharest, Rumania. Maestría en Derecho Corporativo Internacional en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Impuestos en el Instituto de Especialización para Ejecutivos


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