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Amparo contra la Prohibición de la Compensación Universal

Uno de los cambios que trajo consigo la Reforma Fiscal para 2019 y que desafortunadamente afecta seriamente a los contribuyentes, consiste en la eliminación del sistema de compensación universal, que antes del 01 de enero de 2019 permitía compensar el saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado (IVA) contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a cargo, ya sea propio o proveniente de retenciones.

Mediante la entrada en vigor del artículo 25 fracción VI de la Ley de Ingresos 2019, el saldo a favor de IVA solo se podrá compensar contra IVA propio a cargo, o bien solicitar en devolución, lo cual significa que el contribuyente deberá desembolsar cantidades adicionales para pagar el ISR propio o retenido, mientras espera que la autoridad le devuelva el IVA a favor, en un contexto en el cual las devoluciones han sido atrasadas o negadas por la autoridad por razones que no en pocas ocasiones podrían ser calificadas como pretextos, dejando a cargo de los contribuyentes la tarea de demandar en juicio dichos saldos y tardar meses o hasta años en recuperarlos.

En virtud de lo anterior, sin lugar a duda, esta nueva disposición merma la capacidad económica de los contribuyentes, afectando principalmente a aquellos que tienen saldos a favor de IVA importantes, que anteriormente utilizaban para pagar otras contribuciones, siendo que de ahora en adelante deberán destinar flujos adicionales al pago de dichas contribuciones e incurrir en mayores gastos y esfuerzos para recuperar el IVA acreditable pagado en exceso, con motivo del nuevo mecanismo impuesto por el Ejecutivo.

Es por ello, que nuestra firma está desarrollando los argumentos de defensa legal en contra de la nueva disposición que consideramos inconstitucional, a través de la interposición del amparo indirecto tendiente a desincorporar de la esfera jurídica de los contribuyentes dicho fundamento legal que les produce afectación.

Se estima que la nueva disposición es de naturaleza autoaplicativa, es decir, que produce agravios al contribuyente por su simple entrada en vigor, siempre que el particular se coloque en el supuesto previsto por la norma.

Por lo tanto, para promover el juicio de amparo indirecto, es indispensable acreditar que el contribuyente se coloca en el supuesto de hecho que activa la aplicación de la disposiciones, es decir que es imprescindible demostrar que tiene IVA propio a favor que no puede compensar contra ISR propio o retenido, sino por el contrario, debe pagar contribuciones adicionales a las que venía pagando antes de la entrada en vigor de la disposición controvertida.

Ahora bien, el efecto que se pretende obtener con este medio de defensa es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente amparado, de la disposición declarada inconstitucional por los tribunales, con el beneficio de poder seguir aplicando la compensación universal en términos de los artículos 23 del Código Fiscal de la Federación y 6º. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, sin que le fueran aplicables a dicho contribuyente las restricciones contenidas en el numeral 25 fracción VI de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019.

En virtud de lo delicado que es el tema del correcto cómputo del plazo para promover el amparo indirecto, a fin de prevenir cualquier desechamiento de la demanda, el cual tendría efectos irreversibles, si usted estima que su empresa se encuentra afectada por esta nueva disposición, es recomendable que se ponga en contacto de inmediato con nuestro Departamento Legal a fin de que le asesoren sobre su caso particular.

Prohibida la reproducción parcial o total. Todos los derechos reservados. Kim Quezada y Asociados, S.C. El contenido del presente artículo no constituye una consulta particular y por lo tanto Kim Quezada y Asociados, S.C., sus miembros y/o sus autores, no asumen responsabilidad alguna de la interpretación o aplicación que el usuario le pueda dar. Este Blog no constituye una plataforma de consulta para los usuarios del mismo, por lo que, cualquier persona es libre de reflejar su opinión.

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Nueva obligación de publicación de estructura accionaria

Las sociedades mercantiles, siendo las principales son la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, deben cumplir con la obligación de registrar a los socios o accionistas, según el caso, en un libro especial, a fin de que la tenencia de capital surta efectos ante terceros.

 Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2018, se reformó la Ley General de Sociedades Mercantiles (con efectos a partir del 15 de diciembre de 2018), imponiendo una nueva obligación, consistente en publicar avisos en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía respecto de las inscripciones que se realicen en los libros de registro de socios o de acciones, según el caso.

 El texto reformado de los artículos 73 y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, actualmente establece lo siguiente:

 Respecto de las sociedades de responsabilidad limitada:

 Artículo 73. La sociedad llevará un libro especial de los socios, en el cual se inscribirán el nombre y el domicilio de cada uno, con indicación de sus aportaciones y la transmisión de las partes sociales. Esta no surtirá efectos respecto de terceros sino después de la inscripción.

 De la inscripción a que se refiere el párrafo anterior deberá publicarse un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en el artículo 50 Bis del Código de Comercio y las disposiciones para su operación.

 Cualquiera persona que compruebe un interés legítimo tendrá la facultad de consultar este libro, que estará al cuidado de los administradores, quienes responderán personal y solidariamente de su existencia regular y de la exactitud de sus datos.

 En relación con las sociedades anónimas:

 Artículo 129. La sociedad considerará como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en el registro a que se refiere el artículo anterior. A este efecto, la sociedad deberá inscribir en dicho registro, a petición de cualquier titular, las transmisiones que se efectúen.

 De la inscripción a que se refiere el párrafo anterior deberá publicarse un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en el artículo 50 Bis del Código de Comercio y las disposiciones para su operación.

 La Secretaría se asegurará que el nombre, nacionalidad y el domicilio del accionista contenido en el aviso se mantenga confidencial, excepto en los casos en que la información sea solicitada por autoridades judiciales o administrativas cuando ésta sea necesaria para el ejercicio de sus atribuciones en términos de la legislación correspondiente.

De los textos antes transcritos, no se advierte con claridad si una vez entrada en vigor la reforma antes mencionada, todas las sociedades mercantiles deban de publicar su estructura de capital vigente, o dicha obligación les es exigible una vez que exista algún cambio que modifique la tenencia accionaria, tales como transmisiones, aumentos o disminuciones de capital.

 En relación a ello, existen opiniones divididas entre los profesionales del derecho, algunos consideran que todas las sociedades deben realizar la publicación de la estructura actual tal cual se encuentra, y otros, que dicha obligación aplica solamente cuando surja un cambio posterior a la fecha de entrada en vigor de la norma que la establece, es decir un acto que haya surgido después del 15 de diciembre de 2018.

 Consultamos al respecto a funcionarios de la Secretaria de Economía encargados precisamente de esta nueva obligación, y nos contestaron que desde su punto de vista, es obligatoria la inscripción solamente en caso de cambios en la estructura de capital de la sociedad ocurridos con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma, postura que también coincide con nuestra personal interpretación de las nuevas disposiciones legales.

 No obstante lo anterior, es de señalar que también existen indicios en favor de la interpretación contraria, puesto que en fecha  24 de julio de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que modifica el diverso mediante el cual se  establece el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles y las disposiciones para su operación, donde encontramos referencias a esta nueva obligación denominada precisamente “Aviso de inscripción en el libro especial de los socios o en el registro de acciones con la estructura accionaria vigente ”, pero sin mayores explicaciones al respecto.

 Así mismo, en el propio sistema electrónico de la Secretaria de Economía, denominado PSM (Publicaciones de Sociedades Mercantiles), se encuentra habilitado el apartado “Aviso de inscripción con la estructura vigente”, en el que es posible dar de alta la estructura de capital actual, para lo cual el sistema exige solamente nombres, nacionalidades y participaciones de los socios o accionistas, divididas en capital fijo y capital variable, es decir que omite el requisito del domicilio, establecido en el articulo 128 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como no tiene rubros específicos sobre las transmisiones de acciones o partes sociales, entre otros detalles técnicos que reflejan su imperfección.

 Al realizar el anterior aviso, el sistema emite una boleta de acuse que tampoco da mucha luz respecto de los alcances de dicho aviso y si este es suficiente para colmar el requisito legal, o bien se requiere publicar otro aviso aparte, como una publicación normal mediante escrito libre, que contenga todos los datos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

 Actualmente, se puede observar en el propio sistema que diversas sociedades anónimas y de responsabilidad limitada publicaron avisos en formato de escrito libre, pero al no existir habilitada tal opción en el PSM, dichas publicaciones son visibles dentro del tipo denominado “Aviso de inscripciones en el libro de registro de acciones de SAS”, que es un apartado destinado – al menos en teoría – a las sociedades anónimas simplificadas, por sus siglas “SAS”.

 Aunado a lo anterior, es de mencionar que no existe un plazo previsto en la legislación para presentar el aviso, ni tampoco una sanción pecuniaria (multa) por incumplimiento. Sin embargo, el cumplimiento de la obligación queda a cargo y responsabilidad de los órganos de administración de las sociedades, quienes responden ante los propios socios o accionistas por daños y perjuicios.

 Si bien esta nueva obligación parece “letra muerta”, su incumplimiento puede acarrear consecuencias importantes, puesto que terceras personas, ya sea particulares o autoridades gubernamentales, como las autoridades fiscales que tienen acceso a la información publicada en el PSM, pudieran llegar a desconocer la calidad de socio o accionista de las personas que conforman las sociedades que no hubieren presentado el aviso, así como negar efectos jurídicos a las trasmisiones de acciones o partes sociales, a los aumentos o disminuciones de capital, entre otros.

 Por todo lo antes expuesto, no podríamos emitir una recomendación general respecto del momento y la forma de dar cumplimiento a esta nueva obligación, ya que las lagunas existentes en la normatividad permiten diversas interpretaciones y posibles formas de dar cumplimiento, por lo que le recomendamos que se acerque con nuestros abogados para revisar el estatus corporativo particular de su empresa y en su caso, apoyarle con los avisos correspondientes en el momento que usted considere oportuno, con apoyo en nuestra asesoría personalizada.

Prohibida la reproducción parcial o total. Todos los derechos reservados. Kim Quezada y Asociados, S.C. El contenido del presente artículo no constituye una consulta particular y por lo tanto Kim Quezada y Asociados, S.C., sus miembros y/o sus autores, no asumen responsabilidad alguna de la interpretación o aplicación que el usuario le pueda dar. Este Blog no constituye una plataforma de consulta para los usuarios del mismo, por lo que, cualquier persona es libre de reflejar su opinión.

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