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Vigencia de los poderes otorgados en Baja California

Tradicionalmente, los poderes otorgados en el Estado de Baja California no tenían una vigencia limitada, sino que se otorgaban por tiempo indefinido, y se podían ejercer hasta el momento de su revocación expresa, o se extinguían por fallecimiento o desaparición (fusión, liquidación, etc.) de las partes.

En los últimos años, diversas entidades federativas empezaron a limitar la duración de los poderes a un periodo determinado, por ejemplo, cinco años en Jalisco y en Guanajuato. Dicha limitante es absoluta, en el sentido de que ningún poder tendrá una vigencia mayor a cinco años, pudiendo tener una duración menor o igual a dicho periodo.

Ahora bien, el 19 de enero de 2018, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el Decreto número 163 en donde se aprobó la reforma al artículo 2420 del Código Civil para el Estado de Baja California, misma que entró en vigor el 22 de enero de 2018, para quedar como sigue:

ARTICULO 2420.- El mandato es un contrato por el cual el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga, y deberá contener el plazo por el que se confiere, de no contenerlo, el mandato termina a los tres años de su expedición sin gestión alguna.

Primeramente, es de señalar que, si bien la norma en cita refiere al contrato de mandato, es aplicable también a los poderes, que se otorgan en escritura pública de manera unilateral, pero se perfeccionan como contrato de mandato mediante la aceptación expresa o tacita del mandatario (apoderado).

La nueva redacción del artículo 2420 en realidad no contempla un plazo máximo de vigencia de los poderes, sino que solamente obliga a los mandantes (poderdantes) a pactar un plazo determinado de vigencia para el poder que otorgan, el cual puede ser menor, igual o mayor al plazo de tres años, siendo que este último solamente aplica en caso de omisión y siempre que el mandatario no hubiere llevado a cabo gestión alguna en cumplimiento al mandato.

Dicha disposición es diferente entonces de los plazos máximos señalados en otras entidades federativas, en el sentido de que, en Baja California, la duración de los poderes puede ser mayor a tres años, siendo que la única restricción que establece de manera implícita la norma reformada es aquella de que los poderes se otorguen por tiempo indefinido, pues es imperativo que tengan una vigencia determinada.

A partir de la reforma al artículo 2420 del Código Civil para el Estado de Baja California, los notarios públicos tendrán la obligación de señalar en los testimonios de los poderes que se otorguen ante su fe, la vigencia de los mandatos, de lo contrario estos tendrán una vigencia de tres años.

Es interesante señalar que la parte final del articulo comentado que dice “sin gestión alguna”, deja una salida para el caso de que un mandatario siga actuando después de transcurrir el plazo de tres años, y que con ello el poder continúe vigente, sin embargo, no establece nada respecto del supuesto en el cual el mandato fue pactado por un periodo diferente al de tres años, y su duración expiró, pero el apoderado sigue ejecutando actos en cumplimiento de su encargo.

Esta imprecisión abre la posibilidad de diversas interpretaciones, siendo imposible determinar en este momento, cuál será el criterio que favorecerán los tribunales y las diversas autoridades ante quienes se presenten las situaciones tan variadas que pueden ocurrir en la práctica en torno a ello.

La anterior reforma nos obliga a estar atentos a la expiración de la vigencia de los poderes otorgados a partir del 22 de enero de 2018, a fin de renovarlos con tiempo y evitar la posible nulidad de los actos que celebre el apoderado y/o el rechazo de trámites ante diversas dependencias, o incluso la eventualidad de perder juicios por no poder acreditar la personalidad de quien represente al demandante o al demandado.

En virtud del principio constitucional de irretroactividad de las leyes, se estima que los poderes otorgados antes de la entrada en vigor de la reforma en comento sin plasmar una duración determinada se mantendrían vigentes por tiempo indefinido, sin embargo, habrá que estar atentos a los criterios de los tribunales respecto de la interpretación de esta nueva disposición, a fin de asegurar que efectivamente adopten esta misma postura.

Nuestra firma le recomienda que acuda con su asesor legal para verificar la vigencia de los poderes, y aprovechar a la vez para revocar poderes a las personas que ya no laboran en la empresa, así como otorgar poderes a quienes necesitan actuar en su representación, definiendo a conciencia la duración de los mismos y las facultades específicas que se requieren, ya sea amplias o limitadas a ciertos actos, determinada cuantía, mancomunadas, según el caso, a fin de evitar complicaciones posteriores que pueden tener graves efectos en perjuicio de la entidad.

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Lic y M.D. Vladia Mucenic Lic y M.D. Vladia Mucenic

Socia del Área de Legal, Licenciatura en Derecho egresada de la Universidad de Bucharest, Rumania. Maestría en Derecho Corporativo Internacional en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Impuestos en el Instituto de Especialización para Ejecutivos


Comentarios
  • RAMON SANCHEZ RODRIGUEZ

    Buen Dia
    Interesante articulo, esperemos que no le den aplicación retroactiva a los poderes que ya existen, aunque si se le ve el lado positivo, en el caso de poderes que se otorgan ante alguna dependencia federal como el Sat, en el cual existen poderes para llevar actos ante estas dependencias y se han dado casos en que las empresas no revocan los poderes y dejan un problema al apoderado que esta registrado, me refiero a la responsabilidad solidaria que pudiera existir para el apoderado, entonces de acuerdo con esta nueva reglamentación automáticamente quedarían sin efecto después de los 3 o 5 años y por consiguiente el poderdante tendrá necesariamente que presentar un nuevo apoderado. Me parece bien esta nueva disposición, con la excepción del costo que implicará tanto por el gasto del notario como para el gasto de la inscripción en el Registro Publico de la Propiedad